Felices vacaciones

Llegó la época estival, y más nos vale cargar fuerzas, nos espera un retorno muy combativo…

No se publicarán artículos en este Blog en los próximos 20 días. Volveremos con las fuerzas renovadas.

No me ha dado tiempo a contestar todos los correos electrónicos pendientes. Disculpadme.

Hasta muy pronto, Jumanji


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Informe de la CNE sobre la Propuesta de RD Fotovoltaico

La CNE ya ha publicado su Informe sobre la Propuesta de RD Fotovoltaico que le hizo llegar el Ministerio de Industria.


La CNE propone las siguientes medidas a adoptar:

1) Antes de nada, informa favorablemente sobre el sistema tarifario, regresivo en función de la consecución de objetivos y de la evolución del sector.
2) Que desde el 30 de Septiembre al 31 de Diciembre se eliminen los objetivos de cantidad, aunque aplicando las nuevas tarifas.
3) Introducir una mayor gradualidad en los 2 tipos de instalaciones, de tal manera que la potencia de 300 MW para 2009 se divida en 250 MW para suelo y 50 para cubiertas.
4) Establecer como criterios del Registro de Pre-Asignación condicionantes técnicos de calidad, avances tecnológicos y garantías de permanencia y funcionamiento.
5) Introducir disposición transitoria para simplificar la gestión administrativa de los Parques Solares.
6) Introducir mecanismos para facilitar la gestión de la electricidad producida.
7) Eximir de aval a las instalaciones sobre cubiertas.

Ver nota de prensa de la CNE


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La energía fotovoltaica encareció la luz un 3%

Pese a que la temperatura en el Congreso era ayer inferior a los 24 grados, el ministro de Industria, Miguel Sebastián -que se colocó una corbata antes de iniciar su comparecencia- no estuvo precisamente frío. El ministro abordó una de las polémicas con las que lidia su departamento estos días -el recorte de primas a los promotores de instalaciones fotovoltaicas- y se despachó a fondo. Según explicó, la energía fotovoltaica es cara en España debido a las elevadas primas que cobran los promotores. Tan cara, dijo, que del 5,6% de subida media de la electricidad que el Gobierno aprobó en julio, "tres puntos" se deben al sector fotovoltaico.

Para remachar la crítica, Sebastián añadió cifras: "En el último año se han importado paneles solares por importe de 2.500 millones de euros para producir un 0,8% de la electricidad". Pese a todo, aseguró que el proyecto de recorte de primas aún no es definitivo.

Polémicas al margen, Sebastián se declaró "abierto" a debatir en torno a la energía nuclear y se mostró partidario de llegar a un gran pacto en materia de energía. Y aún tuvo tiempo de pronosticar que la inflación se situará en torno al 4% a fin de año.

Fuente: El País


Bueno, pues qué puedo decir al respecto… ESTO ES UNA SANDEZ, muy en la línea de los comentarios del Ministerio de Industria de estos últimos tiempos.

Me encanta cómo con una simple cuenta de la vieja ciertas personas tratan de convencernos de que la Tierra es plana.

Basta decir que, por ejemplo, al precio de la electricidad de origen fotovoltaico hay que descontar los costes de generación que se ahorran por no haber tenido que producir con otra fuente energética. Y esto sólo es un punto, hay muchos más que hemos tratado innumerables veces en este Blog.

Es Julio, veranito, luce el Sol, vacaciones… No es momento para perder el tiempo en rebatir engañabobos ministeriales.


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Greenpeace se opone al frenazo que el Gobierno quiere dar a la energía solar fotovoltaica

El Ministerio de Industria pretende limitar a 300 MW la potencia fotovoltaica que se pueda instalar cada año, cuando existe capacidad industrial para más del doble.


Greenpeace ha expresado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Industria de frenar el crecimiento de la energía solar fotovoltaica en la que impone que la potencia a instalar cada año no supere los 300 MW. La organización ecologista propone que, para evitar un coste excesivo en las tarifas que pagan los consumidores, en lugar de limitar la potencia a instalar, se controle el gasto con revisiones periódicas de la tarifa de venta de cada kWh producido con energía solar fotovoltaica.

Según la propuesta de Greenpeace, esta tarifa sería mayor cuanto menor fuera la potencia de cada proyecto y se debería dar un apoyo mayor a las instalaciones en edificios.

“Seguimos tropezando con el “miedo escénico” del Gobierno ante el rápido crecimiento de esta energía renovable, que se traduce en buscar formas de limitarlo como sea”, ha declarado José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace.

El Ministerio propone ahora un límite anual de potencia muy restrictivo respecto a las posibilidades reales de la tecnología, además de ser una forma arbitraria y poco efectiva de controlar el desarrollo de la fotovoltaica. En esta propuesta de Decreto de retribución de la solar fotovoltaica también se incluye una severa reducción (entre un 27% y un 36%) de los precios de venta de esta energía que fija el Gobierno a los generadores, que será efectiva a partir de septiembre. Greenpeace cree que lo que se necesita es un instrumento que responda eficazmente a los fines que se persiguen: disponer de energía limpia y barata lo antes posible.

Según la organización, no hay duda de la utilidad de la fotovoltaica para la lucha contra el cambio climático. Esta tecnología está disponible para su aplicación inmediata, por lo que es útil para la necesidad urgente de actuar, y tiene un potencial enorme que aportaría una cantidad significativa de producción energética en el actual panorama español. Otras ventajas inherentes a esta tecnología son la creación de empleo, la generación de actividad industrial, la capacidad de exportación de tecnología española, la generación distribuida y eficiente de electricidad, la contribución al desarrollo sostenible y al acceso a la electricidad para miles de millones de personas que no disponen de ella, etc.

Greenpeace defiende la necesidad de usar a gran escala la energía fotovoltaica, aunque el principal obstáculo a corto plazo es el coste. Por este motivo es necesario disponer de un mecanismo económico de apoyo para que esta tecnología avance por su curva de aprendizaje (la reducción de costes que se obtiene al aumentar la capacidad de producción y de I+D). El avance de la fotovoltaica por su curva de aprendizaje está siendo mucho más rápido de lo esperado, por lo que se puede esperar que esta energía renovable deje de necesitar apoyo económico durante la próxima década, pues es cuando se espera que el coste de generación fotovoltaica se sitúe por debajo del precio de la electricidad para usuarios domésticos.

“La cuestión clave es mantener el apoyo económico ahora, y modularlo con el mayor acierto posible para que la reducción de costes se siga produciendo y llegue cuanto antes el momento en que no sea necesario más apoyo que el que otorgará el propio mercado por ser ya plenamente competitiva la tecnología” -ha añadido García Ortega. “No hay que tener miedo. Todo lo contrario. No tendría ningún sentido, por ahorrarse unos costes de corto plazo, evitar los enormes beneficios que la fotovoltaica está aportando ya y sobre todo va a aportar muy pronto”.

Greenpeace cree que es especialmente necesario reforzar el apoyo a las instalaciones fotovoltaicas situadas en edificios. Sin embargo, la propuesta del Ministerio añade nuevas barreras a estas instalaciones: exige consumir al menos la mitad de la energía en el mismo edificio, elimina la exención actual de depositar un aval de 500€/kW, limita la potencia máxima por edificio a 2 MW y no discrimina entre grandes y pequeñas instalaciones.

Asimismo, la organización ecologista cree que la propuesta del Ministerio ha mejorado diversos aspectos de la que presentó el pasado mes de octubre y que nunca llegó a ver la luz. Ahora la propuesta presenta unas tarifas predecibles en el tiempo, pero su gran inconveniente es que reduce la aportación total de la energía solar fotovoltaica muy por debajo de lo que es factible, lo cual supone el riesgo de que se enfríe el sector y se pierda la oportunidad histórica de lograr que esta energía limpia sea también barata en menos de una década.

Greenpeace ha presentado ante la Comisión Nacional de Energía sus alegaciones al Decreto propuesto por el Ministerio de Industria, en las que pide que se eliminen los objetivos propuestos, no sólo por resultar insuficientes para la capacidad actual del sector fotovoltaico, sino porque los objetivos no pueden convertirse en límites para restringir el desarrollo. La fijación de objetivos debería realizarse en el contexto del Plan de Energías Renovables 2011-2020, que debe elaborarse este año, y ante el cual Greenpeace propone un objetivo del 50% de energías renovables para la producción de electricidad.

Según los informes de Greenpeace Renovables 2050 y Renovables 100%, la energía solar fotovoltaica en edificios podría producir en la España peninsular el doble de la electricidad demandada en 2050, y los parques solares en suelo hasta cinco veces. El coste de la electricidad solar se habría reducido para entonces en un 80%. El papel fundamental de la fotovoltaica ha de ser el de aportar una generación distribuida cercana a los puntos de consumo, por lo que estos informes recomiendan aprovecharla como parte de un sistema de generación eléctrica 100% renovable.


Fuente: Greenpeace


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Las dos caras de la inversión en Energías Renovables

El cambio de sensibilidad de los consumidores y de los políticos hacia los problemas medioambientales ha abierto una veta para la inversión.


“Sin que nuestra intención sea alabar a aquéllos que argumentan que el cambio climático es la cuestión más grave a la que se enfrenta la raza humana en la actualidad, empieza a ser evidente que en los próximos veinte años va a representar una de las mayores áreas de inversión”.

Así introducía hace unos meses el director de inversiones de un importante banco de inversión una nota dirigida a sus clientes, en la que intentaba persuadirles de la conveniencia de no perderse este tren de oportunidades.

Su recomendación llegaba en un momento de plena efervescencia de la “inversión verde”, auspiciada por los grandes gestores de fondos que, siempre atentos a todo aquello susceptible de generar beneficios, marcan las tendencias del mercado.

Como consecuencia de esta moda, basada en expectativas hasta cierto punto razonables teniendo en cuenta la creciente sensibilidad de los consumidores y los poderes legislativos hacia los problemas del medio ambiente, pero también justificada por una indisimulada especulación, las compañías dedicadas a la generación de energías alternativas (eólica, solar y biocombustibles), así como las proveedoras de servicios y tecnología medioambiental, hicieron su agosto durante el año pasado.

El estallido de la crisis crediticia no sólo respetó a unas empresas que, en buena parte, eran unas recién llegadas a la bolsa, sino que actuaron como sector refugio en las fases de mayor volatilidad del mercado. Los expertos interpretaban que las nuevas políticas energéticas de los gobiernos no tenían marcha atrás, lo que de algún modo garantizaba las inversiones.

El paso de los meses ha mitigado el optimismo. “El endurecimiento del acceso a la financiación es uno de los motivos”, dice Isidoro del Álamo, analista de Venture Finanzas. El interés en estas compañías “se fundamenta en la visibilidad [del negocio] a largo plazo y en objetivos también futuros. Necesitan apoyo financiero y apalancamiento. Esto no es ahora fácil teniendo en cuenta las incertidumbres del entorno”, añade Del Álamo.

Por otra parte, los inversores han empezado a fijarse más en los datos fundamentales de las compañías. "Veníamos de unos tiempos en que valía todo. Esto se ha perdido".

No es lo mismo hablar de empresas dedicadas a la producción de energía eólica, que ya contribuyen al sistema energético, que de compañías de energía solar o biocombustibles, tecnologías que se encuentran en fase más experimental. Éstas pueden llegar a ser un complemento, pero ahora no son competitivas”, explica el experto de Venture Finanzas.

“El inversor que entra en este sector está comprando, en cierto modo, humo. Su potencial de crecimiento es muy elevado pero, de momento, está muy difuminado”, según un gestor.

Los expertos sostienen que en este universo heterogéneo, representado por seis compañías en el mercado español (Abengoa, Acciona, Fersa, Gamesa, Iberdrola Renovables y Solaria), hay que ser muy cuidadosos y diferenciar unos proyectos de otros.

En principio, la corrección de las cotizaciones de las acciones de estas empresas desde el comienzo del año –pierden entre un 1,63%, en el caso de Gamesa, y un 71,74%, en el de Solaria– han situado a esta media docena de valores con un interesante potencial de revalorización hasta sus precios objetivos.

De acuerdo con las valoraciones que maneja el consenso de los analistas que reúne FactSet, el recorrido al alza de los títulos oscila entre el 19,9% de Gamesa, y el 174,74% de Solaria. Pese a contar con menor proyección teórica, Gamesa es el valor más recomendado por las firmas de inversión.

El 76% de las los equipos de análisis que elaboran el consenso de la agencia Bloomberg aconseja comprar acciones de la compañía eólica. “Es verdad que cotiza con prima [respecto al resto del sector], pero no me preocuparía, ya que está bien posicionada en tecnología y tiene visibilidad a largo plazo”, sostiene Del Álamo.

Iberdrola Renovables es otra de las opciones en la que más atención fijan los expertos. Consideran que la próxima aprobación del nuevo marco regulatorio del sector en Estados Unidos podría favorecer a la empresa, ya que concentra el 50% de sus capacidad de crecimiento en ese país.

Proyección en EEUU

Los analistas de Ibersecurities han revisado recientemente al alza sus estimaciones sobre Iberdrola Renovables “fundamentalmente por los mayores precios de venta esperados en EEUU, así como por el incremento de la capacidad de almacenamiento y gestión de gas en el país norteamericano”.

Estos expertos creen que en la situación de incertidumbre actual del mercado la compañías podría continuar actuando como valor defensivo por su modelo de negocio diversificado y riesgo limitado, y han cambiado su recomendación de vender a comprar.

Además de la entrada directa en acciones de las compañías dedicadas a las energías alternativas que cotizan en bolsa, el inversor tiene la opción de tomar posiciones en este sector a través de los fondos de inversión. En España se comercializan once instrumentos de inversión colectiva con la clasificación de ecología y tecnología medioambiental.

Los hedge fund están también cada vez más activos en este segmento. Man Group, una de las firmas de inversión alternativa más importantes del mundo, acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo fondo, denominado MENA Associated Gas and Global Enviroment, que pretende captar 1.500 millones de dólares para invertir en proyectos de gas asociados a la producción de petróleo crudo y su utilización en la generación de electricidad de otros productos, de modo que se contribuya a reducir los gases del efecto invernadero.

Fuente: Expansión


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Comentario de urgencia sobre la problemática del aval en el régimen especial de producción eléctrica fotovoltaica (RD 661/2007)

I. Introducción

La inclusión en el régimen especial de producción eléctrica se vehicula a través del instituto de la autorización (art. 4.2): si se cumplen los requisitos técnicos de potencia, y de generación a través de las fuentes renovables que se especifican en el cuerpo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE n.º 126, de 26-5-07), se es elegible para ser declarado productor en régimen especial, con las beneficiosas consecuencias en el orden económico que ello atraiga ulteriormente.

De modo que la autorización que instituye el Reglamento 661/2007 no «autoriza» la actividad, en el sentido que de ella no se deriva el permiso de llevar a cabo generación eléctrica –pues la regla es la de libertad de establecimiento–, sino que a través de autorización se solicita recibir la consideración de estar incurso en el régimen especial, a efectos de remuneración especial de la potencia.

Ahora bien, la identidad de quién resulte ser ente autorizante en el sentido que más arriba se comenta no siempre está clara, pues disponen de esta particular facultad el Estado, como aquellas comunidades autónomas que hayan asumido competencia en la materia. Particularmente, las instalaciones de producción eléctrica que abarquen el territorio de más de una comunidad se someten al primero [arts. 4.2.a) y 6.1].

Es perfectamente plausible que el alud de solicitudes de inclusión infundadas, experimentado en los primeros momentos de la instauración de dicho régimen, generase costes injustificados para las distribuidoras eléctricas aludidas, quienes se verían obligadas a inmovilizar importantes recursos económicos de antemano para preparar proyectos e infraestructuras de interconexión a la red que luego quedarían en la nada, y que ello explicara la dicción de los artículos 59 bis y 66 bis del RD 1955/2000 según modificado por el Reglamento 661/2007, exigiendo prestación de cuantiosos avales, junto con la solicitud de acogimiento al régimen especial.

II. El resultado de actos administrativos previos como causa de ejecución

La disparidad de entes autorizantes (Estado-comunidades autónomas), o incluso incertidumbre, en los casos de líneas eléctricas limítrofes, haría ver como mucho más operativo designar una única autoridad como depositaria de estos avales, cosa que explicaría por qué ambas adendas –59 y 66 bis del RD 1955/2000 según modificado por el Reglamento 661/2007–, designan a estos efectos la Dirección General de Minas como entidad depositaria. Pero, en todo caso, si éste fuera el contexto que explica los preceptos 59 y 66 bis, no se hallaría problema en ver que el sentido de los «actos administrativos previos» a tener en cuenta para la ejecución o devolución del aval no es otro que el conjunto de permisos administrativos que, como by-product, se deban solicitar colateralmente en relación con la realidad física del proyecto técnico (conformidad medioambiental de la instalación, licencias municipales, etc.), es decir, aunque cierta instalación no haya sido finalmente llevada a la práctica, debido a que el informe medioambiental acabaría pronunciándose negativamente, obvio es que no por ello la solicitud de inclusión en el régimen especial fue infundada, y el aval deberá devolverse.

Si esta fuera la interpretación auténtica de la nueva dicción del Reglamento, el universo de casos parecería simplificarse extraordinariamente: el resultado negativo de las tramitaciones administrativas colaterales ulteriores determina la devolución de avales, mientras que el resultado positivo pone a la luz la existencia de una retirada temeraria del empresario.

La anterior sería una primera aproximación al concepto de retirada voluntaria del empresario, según estos nuevos artículos 59 y 66 bis, conforme a los cuales (sic) «se tendrá en cuenta, a la hora de valorar el desistimiento del promotor, el resultado de los actos administrativos previos que puedan condicionar la viabilidad del proyecto».

Ahora bien, hay otras circunstancias que deberían también quedar contempladas bajo esta causa de devolución de avales por equivalencia aunque su naturaleza no consista exactamente en el resultado negativo de la petición de un permiso colateral.

Ello se daría siempre y cuando el empresario hubiera sufrido vulneración del principio de confianza legítima en la actuación de la administración a cargo de la cual pendían alguno de los permisos: obviamente, casos en que existiera posibilidad, en efecto, de obtención de permiso colateral positivo, sí, pero contra abono de tasa, que resultaría mucho mayor que la inicialmente informada, debido a, por ejemplo, error de liquidación del ente administrativo, etc., serían paradigmáticos de esta excepción a tenor de sentencias como la de la Sección 3 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 14 de febrero de 2007: «El principio de protección de la confianza legítima, que ha sido acogido por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las sentencias de 1 de febrero de 1990 [RJ 1990, 1258] [FJ 1º y 2º], 13 de febrero de 1992 [RJ 1992, 1699] [FJ 4º], 17 de febrero [RJ 1997, 1147], 5 de junio [RJ 1997, 4599] y 28 de julio de 1997 [RJ 1997, 6890]), se consagra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), tras su modificación por la Ley 4/1999 (RCL 1999, 114, 329), que en su artículo 3, cuyo número 1, párrafo 2º, contiene la siguiente redacción: “Igualmente, deberán (las Administraciones públicas) respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima”».

El contexto aplicativo de estos principios jurídicos se advierte en la exposición de motivos de la citada Ley procedimental administrativa, cuando afirma: «En el título preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil (LEG 1889, 27). Por otra, el principio, bien conocido en el Derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones públicas no puede ser alterada arbitrariamente».

En la medida en que la decisión del ente retentor de avales queda en todo caso sometida al imperio de la jurisdicción revisora, los casos en que el empresario sufriera ejecución indebida de avales por una conducta poco reflexiva o «mecanizada» de la Dirección General de Minas, en el sentido más arriba comentado, recibirían en último término enmienda por la vía del recurso.

Por el mismo criterio de confianza legítima y seguridad jurídica más arriba mencionado, mutatis mutandis, creemos que debería originarse la posibilidad en el empresario de retractarse de la solicitud sin sufrir ejecución del aval por causa del resultado de los actos administrativos previos en los casos en que alguna de las administraciones responsables de validar alguno permisos colaterales se demorara anormalmente en su resolución por culpa exclusivamente atribuible a la misma, emitiendo informe positivo en un tiempo en que el acta de puesta en servicio de la instalación antes de septiembre de 2008 (en tanto que fecha límite para acogerse al régimen de Retribución Alta) resultara irrazonablemente gravoso y apresurado al empresario por causa de esta dilación; plazo este último, de septiembre de 2008, que es el que resulta de la Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se establece el plazo máximo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica, en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

III. Los requerimientos negativos de información como causas de ejecución

Cabe examinar, sin embargo, una segunda constelación de supuestos que, a diferencia de la anterior, reside completamente al margen del terreno de los permisos colaterales y de los perjuicios que en relación con éstos pueda haber irrogado una mala praxis de alguna de las administraciones con las que el particular ha tenido que entrar en contacto para la tramitación.

Este es el caso de la hipótesis en que un determinado inversor, una vez prestado el aval y habiendo ya llevado a cabo preparativos serios y efectivos para materializar el proyecto, viera ulteriormente decaer su interés en inscribirlo finalmente, porque el punto de conexión con la red que le termina siendo adjudicado es tan lejano que la inclusión de este sólo factor de cálculo implica realizar un gasto adicional que situaría el inicio del recobro de la inversión en un periodo de tiempo irrazonablemente dilatado, en el bien entendido que la lex artis del sector establece una lejanía máxima soportable en 200 m a estos efectos de conexión para las instalaciones más grandes.

Parecida consideración deberán tener los casos en que el empresario pueda acreditar que en el ínterin que media entra la prestación del aval y la posible acta de puesta en funcionamiento del proyecto ha sobrevenido una fluctuación imprevisible de los precios de mercado de los elementos productivos que se tuvieron en cuenta a la hora de estudiar la viabilidad económica de la inversión (muy importantemente, el precio de las placas de silicio, pero también pudiera serlo el de los herrajes o, dado el caso, el de la mano de obra), que habrán de situar al inversor en la misma posición mentada anteriormente. En tal caso, la prueba requerida quedaría circunscrita a la acreditación de que ha sucumbido, entre el momento de la solicitud de acogimiento al Régimen Especial y el momento del desistimiento, un alza de precios en el mercado respecto de alguno de los elementos constructivos que escapa de los parámetros normales de previsión, como puedan serlo los índices de inflación conforme al IPC y similares.

Siempre que el empresario aportase cumplida prueba de todos estos extremos, entendemos que el aval así prestado habría igualmente cumplido de forma primigenia con su función de aseguración de la realidad legítima del proyecto, y no podría ser ejecutado.

Se decía anteriormente que la promulgación de las adendas contenidas en los artículos 59 bis y 66 bis simplemente habría pretendido acallar el alud de solicitudes de inclusión caprichosas o infundadas que se produjo en un primer término, a los efectos de arrojar cifras fiables, y que las compañías de distribución pudieran elaborar pronósticos reales para la planificación de sus infraestructuras, a la vez que evitarles el perjuicio indebido de ver inmovilizados recursos e inversiones en vano por causa de previsiones que quedarían frustradas.

Pues bien, en un caso de subida sobrevenida del precio de los materiales que desincentivara un determinado proyecto elegible a la autorización de inclusión en régimen especial, lo mismo que en el caso de adjudicación de un punto de conexión a red superior al normalmente soportable de 200 m para los huertos solares de mayor extensión, así como cualquier contingencia no cognoscible de antemano equivalente, el aval prestado en un primer momento habría cumplido igualmente ya con la función para la que se constituyó de acuerdo con el texto legislativo, siempre que el promotor pueda acreditar la realidad del preparativo.

Es decir, sólo si el promotor en cuestión no acredita la existencia de preparativos serios y efectivos llevados a cabo para la creación de la plataforma fotovoltaica ni acredita adecuadamente los cambios de circunstancias referidos o la adjudicación de punto de conexión en más de la distancia soportable en más de tres meses desde el requerimiento de información sobre la realidad del proyecto a que preceptivamente la Administración deberá someterle antes de la ejecución (artículos 59 y 66 bis, párrafo tercero in fine), será lícita la realización de las garantías.

Dicho de otra manera, la ausencia de acreditación suficiente de la realidad del proyecto a los tres meses de notificada la solicitud de información de la Administración sobre la realidad del campo solar, o bien, en su caso, la ausencia de acreditación de alguna de las causas que justifiquen su paralización, pone de relieve que existió inicialmente una genuina solicitud temeraria, acreedora de ejecución de la garantía provisional.

Ahora bien, los anteriores postulados serían asimismo extensibles a todos aquellos proyectos fotovoltaicos iniciados a la sombra del régimen de remuneración alta que no hubieran podido ver concluida su correspondiente acta de puesta en funcionamiento en el plazo de inclusión de septiembre de 2008, siempre que el empresario, dado el preceptivo trámite de audiencia, acreditara, además de los preparativos serios y efectivos del proyecto, haber sufrido eventualidades técnicas ajenas a su buena y diligente gestión que le impidieron acabar la obra en el plazo preceptivo, siempre y cuando el empresario acreditara que la única rentabilidad que le hubiera permitido amortizar su inversión fuera la alta, con independencia de que el proyecto fuera elegible subsidiariamente para ser incluido en algún tipo de régimen de remuneración media que subsiguiese al régimen actual de 0,44 euros kW/h.

Debe concederse al promotor, de conformidad con los citados arts. 59 y 66 bis, una posibilidad de salir indemne del proyecto, sin adherirlo contra su voluntad a un régimen de remuneración alternativo al único por él tomado en consideración como apto para la amortización de su campo fotovoltaico, siempre que el aval prestado en un primer momento hubiese igualmente cumplido su función, cosa que quedará acreditada siempre que el promotor muestre la realidad de los actos de disposición y los preparativos serios y efectivos para la puesta en marcha del proyecto, y las dificultades de índole técnico que le impidieron acabar la obra en tiempo.

Abona todo lo más arriba expuesto el hecho de que cualquier solución que no implique la devolución de los avales una vez acreditada la realidad de los preparativos serios y efectivos para la construcción del huerto, junto con la causa justificante válida de la retractación en el mismo, constituiría una genuina desviación de poder de la Administración, en tanto que la norma para incentivo de la actividad industrial vendría a cumplir una simple finalidad recaudatoria sin base legal que lo habilite, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, entre la que citamos, a continuación, la siguiente: sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2007, rec. 5742/2001. En cuanto a la alegada desviación de poder, recuerda la sentencia que este vicio, consagrado a nivel constitucional en el artículo 106.1 en relación con el artículo 103 de la Constitución, y definido en el artículo 83.3 de la Ley Jurisdiccional, como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico, precisa, para poder ser apreciado, que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde y los pruebe cumplidamente, sin que pueda fundarse en meras presunciones, ni en suspicacias o amplias interpretaciones del acto de autoridad y de la oculta intención que lo determine, siendo presupuesto indispensable para que se dé que el acto esté ajustado a la legalidad extrínseca, sin responder su motivación interna al sentido teleológico de la actividad administrativa, que ha de orientarse siempre a la promoción del interés público y a ineludibles principios de moralidad; STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª) de 2 de febrero de 1996 [RJ 1996, 1141]: la desviación de poder constitucionalmente conectada con las facultades de control de los tribunales sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (artículo 106.1 de la Constitución [RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875]) se define en nuestro ordenamiento jurídico «como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico» en aplicación del artículo 83.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (RCL 1956, 1890 y NDL 18435), y de este concepto legal la doctrina y la jurisprudencia destacan las siguientes notas características:

a) El ejercicio de potestades administrativas abarca subjetivamente toda la diversidad de órganos de la Administración pública, en la extensión que a este concepto legal le reconoce la ley (artículo 1.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo 6 de la Ley 62/1978 [RCL 1979, 21 y ApNDL 8341]).

b) La actividad administrativa tanto puede consistir en un hacer activo como en una deliberada pasividad, cuando concurre en el órgano administrativo competente una obligación específica de actuación positiva, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Sala contenida entre otras en las Sentencias de 5 octubre 1983 (RJ 1983, 4829) y 3 febrero 1984 (RJ 1984, 613).

c) Aunque el terreno más apropiado para su prolífico desarrollo es el de la llamada actividad discrecional de la Administración, no existe obstáculo que impida, apriorísticamente, su aplicación a la actividad reglada, pues si el vicio de desviación de poder es más difícil aislarlo en el uso de las potestades o facultades regladas, no lo es menos que nada se opone a la eventual coexistencia genérica en los elementos reglados del acto producido precisamente para encubrir una desviación del fin público específico asignado por la norma, como reconoce la sentencia de 8 de noviembre de 1978 (RJ 1978, 3491).

d) La desviación de poder puede concurrir con otros vicios de nulidad del acto, pues si la doctrina jurisprudencial ha tendido a adoptar la posición que sostiene que las infracciones legales tienen un trato preferente y deben resolverse en primer término para restablecer por el cauce del recurso jurisdiccional el derecho vulnerado, lo cierto es que la existencia de otras infracciones en el acto administrativo no excluye, y antes bien posibilita, el análisis de la desviación de poder, de conformidad con las sentencias de 30 de noviembre de 1981 (RJ 1981, 4611) y 10 de noviembre de 1983 (RJ 1983, 5396).

e) En cuanto a la prueba de los hechos en la desviación de poder, siendo genéricamente grave la dificultad de una prueba directa, resulta viable acudir a las presunciones que exigen unos datos completamente acreditados al amparo del artículo 1249 del Código Civil, y que requieren un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano, de los que se deriva la persecución de un fin distinto al previsto en la norma que determina la existencia de tal desviación, como reconoce entre otras la Sentencia de 10 de octubre de 1987 (RJ 1987, 8334).

f) La prueba de los hechos corresponde a quien ejercita la pretensión, y el artículo 1214 del Código Civil puede alterarse según los casos, aplicando el criterio de la finalidad, en virtud del principio de buena fe en su vertiente procesal, y hay datos de hecho fáciles de probar para una de las partes que, sin embargo, pueden resultar de difícil acreditamiento para otra.

g) Finalmente, la necesaria constatación de que en la génesis del acto administrativo se ha detectado la concurrencia de una causa ilícita, reflejada en la disfunción manifiesta entre el fin objetivo que emana de su naturaleza y de su integración en el ordenamiento jurídico y el fin subjetivo instrumental propuesto por el órgano decisorio, que se rigen como elementos determinantes que vienen declarando reiteradas sentencias de esta Sala (entre otras, las de 6 de marzo de 1992 [RJ 1992, 1759], 25 de febrero de 1993 [RJ 1993, 1191], 2 de abril y 27 de abril de 1993 [RJ 1993, 2755 y RJ 1993, 2866]), que insisten en que el vicio de desviación de poder consagrado a nivel constitucional en el artículo 106.1, en relación con el artículo 103 de la Constitución y definido en el citado artículo 83 de la Ley Jurisdiccional Contencioso-Administrativa, precisa para poder ser apreciado que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde, los pruebe cumplidamente, no se funde en meras opiniones subjetivas ni suspicacias interpretativas, ni tampoco se base en una oculta intención que lo determine.

Los anteriores argumentos abonan la tesis que el aval así prestado, es decir, en condiciones de acreditar la seriedad del proyecto y la justa causa que motiva su deserción, habría cumplido igualmente con su función legítima, y que el desistimiento por estas justas causas no puede ser usados para finalidades de tipo meramente recaudatorio.

El inversor privado que ha mostrado la realidad del preparativo no está obligado a acabar obras solares si en el ínterin ve que no le será posible obtener la mínima rentabilidad con la que calculó la amortización del proyecto, pues lo contrario, al desconocer la necesidad de rentabilidad del inversionista privado, equivaldría a tanto como cargar manu militari las espaldas del ciudadano con el gravamen de ejecutar obras para el servicio público.

Así pues, la norma de incentivo a la actividad industrial de acuerdo con la cual el aval fue depositado, no puede usarse con mera finalidad confiscatoria en virtud de los principios jurídico-públicos y constitucionales antes mentados que directamente así lo prohíben, al margen de la repercusión negativa que una contravención de estos principios de actuación básicos de la actividad administrativa de promoción de la economía arrogarían a España desde el plano de la captación futura de inversión extranjera, de la que sin duda tomarán nota las prensas financieras, tanto del nivel internacional como europeo.

Fuente: Aranzadi Civitas. Por D. Jochen Beckmann. Abogado. Rechtsanwalt; y D. Asaf Grauer. Iuris Doctor candidate. Abogado. Voelker & Partner, Barcelona


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La ecología, otra gran víctima de la crisis

La necesidad de dar respuesta política a los precios del petróleo y los alimentos amenaza las causas ecologistas. Muchos Gobiernos piensan en nucleares, transgénicos y otras soluciones poco o nada verdes.


Hay muchos perdedores en nuestro nuevo mundo de gasolina y alimentos caros: los pobres en casi todas partes, las clases medias bajas, las compañías aéreas, las empresas de importación de alimentos... Y ahora aparece una nueva víctima: el sueño ecologista de conseguir un mundo más sostenible, equilibrado y equitativo. Esa visión de una Tierra armoniosa está amenazada por todas partes.

A algunos puede extrañarles esta conclusión. ¿Acaso los elevados precios del petróleo no recortan nuestras costumbres gastadoras? ¿No es positivo que entremos en un mundo sin Hummers? ¿No se nos está empujando a tomar medidas de ahorro energético? ¿No se nos está obligando a buscar fuentes de energía alternativas y más inteligentes: la energía solar y la térmica, la energía eólica y la de las olas?

Sí, todo eso es verdad. Pero, al mismo tiempo, también se está obligando a la población y las autoridades a adoptar políticas a las que el movimiento ecologista se ha opuesto, a menudo con éxito, desde hace 40 años. Desesperados por amortiguar el golpe que supone un petróleo a 130 dólares o más el barril y por prevenir el descontento popular, los Gobiernos están tomando medidas que dejan helados a casi todos los ecologistas.

La lista de retrocesos es larga. Mientras en el norte hay familias que vuelven a las estufas de leña, en los trópicos hay comunidades que talan bosques con más intensidad que nunca, y en India los más pobres queman estiércol y un queroseno de dudosa procedencia. Aún más, el Congreso de Estados Unidos recibe fuertes presiones para incrementar las perforaciones y extracciones en plataformas marinas delicadas desde el punto de vista ambiental, como el norte de Alaska y una franja del norte del Estado de Nueva York. Muchos Gobiernos quieren volver a la energía nuclear y preven construir decenas de nuevos reactores, que se unirán a numerosas nuevas plantas alimentadas por carbón.

Como es natural, los ecologistas se oponen, pero es dudoso que puedan oponerse en estos tiempos turbulentos a las presiones, los argumentos y las campañas en contra. Los argumentos sobre la seguridad nacional y la necesidad de reducir la dependencia de fuentes energéticas extranjeras e inseguras, las presiones para aumentar los subsidios a los combustibles en los países en vías de desarrollo y las campañas para reducir los impuestos sobre el petróleo y el gasóleo para los pescadores, los camioneros y las pequeñas empresas en los países industrializados.

Hasta hace poco, era posible alegar que una gran subida de los impuestos sobre el combustible podía ayudar a reducir nuestra afición a los todoterrenos devoradores de gasolina (además de incrementar las arcas del Gobierno). Hoy día, salvo entre las poblaciones más progresistas y acomodadas, sería imprudente el político que propusiera una cosa así.

Y luego está la decisión, muy controvertida, de incrementar la energía alternativa de moda, el etanol, sobre todo en su modalidad menos sensata, que es la de producir el combustible a partir de maíz. No sólo es mucho menos eficaz que el proceso a partir de caña de azúcar, y no sólo beneficia de forma desproporcionada a determinados intereses especiales agrarios y empresariales, sino que -al menos en el caso de Estados Unidos- ha tenido un efecto de sustitución negativo. Ahora que los agricultores del Medio Oeste de EE UU se han pasado al monocultivo y han convertido miles de hectáreas de soja y trigo en maíz, el precio de los primeros ha subido.

Esto nos lleva al derrumbe de la esperanza ecologista en que avancemos hacia una producción de alimentos más benigna con el medio ambiente (es decir, "orgánica"), con unos agricultores locales que cobran precios decentes (es decir, "comercio justo") a unos consumidores agradecidos y más sanos. No sólo la crisis energética está colocando a muchos agricultores y pescadores contra las cuerdas, sino que el aumento de los costes de los alimentos en general y la demanda creciente de 1.000 millones más de asiáticos están reavivando los llamamientos a tomar unas medidas que los ecologistas siempre han detestado.

Así que no tengo la menor duda de que los argumentos en favor de la producción de alimentos transgénicos tienen muchas más posibilidades de ser aceptados hoy que hace 10 años; si hay que escoger entre las necesidades dietarias de 6.500 millones de personas (en 2050, quizá 9.000 millones) y los temores sobre los alimentos transgénicos, el resultado parece claro.

La demanda de alimentos permitirá vencer las aprensiones sobre el método de producción. Lo mismo ocurrirá probablemente con los llamamientos de algunas empresas agroquímicas para que se utilicen más fertilizantes y pesticidas. Cada lado asegurará tener la ciencia de su parte y recurrirá a sus propios expertos. Pero, al final, es muy posible que las consideraciones políticas y de seguridad pesen más que las preocupaciones ecológicas y de salud.

Las inseguridades sobre el abastecimiento de alimentos ya han hecho que los grupos agrarios de presión de tipo proteccionista, desde Francia hasta Japón, afirmen que sus políticas de altos aranceles sobre las importaciones de alimentos han estado muy justificadas, porque sólo con el mantenimiento (o incluso el refuerzo) de esas barreras pueden los países tener garantizada la presencia en la mesa de pan y manzanas en momentos de crisis.

Estas afirmaciones interesadas preocupan a los economistas del desarrollo, que dicen que la mejor forma de que Europa ayudara a África a prosperar sería permitir la importación de alimentos y, de esa forma, mejorar el nivel de vida de millones de cultivadores africanos de frutas, aceite de oliva, cereales, vino y otros productos. Pero por sólido que sea este argumento, las posibilidades de que se haga realidad y de que se establezca un régimen de libre comercio agrario mundial han disminuido.

Y aún no hemos hablado de las posibilidades de agitación política y social como consecuencia del encarecimiento del combustible y los alimentos, algo de lo que el Banco Mundial y la Organización Mundial de Alimentos llevan tiempo advirtiendo.

Se podría escribir otra media docena de artículos sobre todos los aspectos del problema. Lo único que hemos hecho aquí es señalar que las nuevas tendencias, con sus repercusiones tanto en los países ricos como en los pobres (salvo unos cuantos exportadores de petróleo), están erosionando, y van a erosionar aún más, muchas de las victorias conseguidas y de las teorías sostenidas por el movimiento ecologista.

La intensificación de las perforaciones de petróleo en zonas delicadas, el regreso de la energía nuclear, las presiones sobre los bosques tropicales y boreales, la preferencia por el etanol procedente de maíz, la posibilidad creciente de que se recurra a la agricultura transgénica y a un mayor uso de fertilizantes y el impulso dado al proteccionismo agrario del Primer Mundo son elementos que suscitan pesimismo entre los amigos de la tierra. Y deberían suscitarlo entre nosotros también.

Por supuesto, los ecologistas resistirán y, a largo plazo, es incluso probable que los desorbitados precios energéticos sirvan de aliciente para crear fantásticas tecnologías alternativas. A los lectores que vivan en comunidades con alto nivel de educación y de conciencia ecológica (y de renta), desde Seattle hasta Estocolmo, y que ya disfruten de las nuevas tecnologías inteligentes, este artículo puede parecerles demasiado sombrío. Pero es posible que no se den cuenta de lo privilegiada que es su situación en comparación con la mayor parte de la humanidad. En estos momentos, los tremendos aumentos de los costes del combustible y los alimentos están haciendo que muchos reclamen una rebaja de las exigencias en muchos frentes. Si esa tendencia prevalece, es muy probable que nuestro mundo se aleje cada vez más del sueño ecologista sobre una humanidad capaz de ordenarse de otra manera.

Quizá ese sueño no podía hacerse realidad ante nuestra continua expansión demográfica, el increíble aumento de la demanda de bienes y servicios que la acompaña y el agotamiento de varias reservas clave de materias primas. Sea o no así, la desagradable realidad actual es que las cosas no están mejorando, sino todo lo contrario, para los defensores de un planeta más limpio y acogedor.

Fuente: El País


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Armas energéticas

El chantaje ejercido contra la República Checa convierte a Rusia en un vendedor poco fiable.


Inmediatamente después de la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y la República Checa por el cual se instalaba en suelo checo uno de los radares del sistema antimisiles estadounidense, el oleoducto ruso que transporta petróleo hasta los consumidores checos sufrió inexplicados problemas técnicos que han reducido hasta en un 40% el suministro de crudo. Como las causalidades no suelen darse en el ámbito de las relaciones internacionales, en Praga consideran que los "problemas técnicos" son simplemente un castigo de Moscú contra el país que se ha atrevido a desafiar el virulento rechazo ruso a un escudo antimisiles desplegado en la Europa del Este. Los disimulos están de más. Todo el mundo conoce la posición rusa y la amenaza de Putin de que Rusia apuntaría con sus misiles a Polonia en caso de que se instalara en territorio polaco el sistema de intercepción imprescindible para guiar el escudo.

Los gobernantes rusos utilizan con más asiduidad de la debida el chantaje del suministro de petróleo y gas como un arma política burda contra quienes osan contradecir sus posiciones políticas. En un mundo de relaciones económicas complejas, la energía no puede ser un instrumento de presión. El abastecimiento energético requiere estabilidad y acuerdos que se cumplan fielmente por todas las partes. Aunque puede entenderse como ingenuidad, resulta que las relaciones económicas son autónomas de las tensiones políticas. Rusia ya confundió ambos términos cuando cortó el suministro de gas a Ucrania. Esta tendencia a la amenaza le convierte en un proveedor poco fiable. Circunstancia que acabará por convencer a los países europeos de que es urgente sustituir parte de la energía rusa por la procedente de otros vendedores más respetuosos con los contratos.

Para la República Checa el mal es menor. Dispone de reservas de crudo, según su Gobierno, para los próximos tres meses y en ese plazo es posible sustituir el petróleo ruso si continúan los "problemas técnicos". Conste que el origen de este ataque de histeria, el sistema antimisiles de Bush, debería haberse negociado mejor con Rusia, con más plazos y mejores opciones. Y, sobre todo, sin que parezca un campo abonado para Gobiernos oportunistas, como el de Polonia, dispuesto a cobrar bien cara su colaboración en el escudo sean cuales sean las consecuencias políticas y diplomáticas.

Fuente: El País


En mi opinión, esto es lo que verdaderamente hay detrás del Protocolo de Kioto. Los políticos electoralistas son poco dados a trabajar sobre situaciones a largo plazo como el medioambiente. El quid de la cuestión es que nuestro suministro energético está en manos de países políticamente inestables. Los riesgos geopolíticos son enormes.

En este artículo no se nombran las Energías Renovables, pero evidentemente juegan un papel importantísimo en la solución de estos conflictos. Nuestra fuerza irá en aumento en la medida que seamos capaces de no depender energéticamente de terceros.

Sr. Sebastián y Sr. Marín, hagan el favor de tomar buena nota, que a veces parece que viven en la inopia (¿sólo lo parece?).


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Miguel Sebastián destaca que España es país de referencia en tecnología termosolar “limpia y de gran futuro”

La Planta Machasol-1 entrará en funcionamiento en 2010 con una potencia de 50 MW, abastecerá a 30.000 hogares y evitará la emisión de 149.000 toneladas de CO2 al año. El Ministro subraya que las medidas de ahorro y eficiencia energética que pondrá en marcha el Gobierno antes de final de año requieren la colaboración de todas las administraciones.


El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha subrayado el excelente resultado de las empresas españolas al exportar la tecnología necesaria para generar energía termosolar, situando a nuestro país como referencia de una tecnología limpia y con un gran futuro por delante. Según ha señalado el Ministro en su intervención, “Las diferentes tecnologías termosolares están iniciando su fase comercial tras un breve resplandor hace ya más de 20 años con las plantas en el desierto de Mojave. En estos momentos, en Europa sólo existe una instalación comercial termosolar y está en Andalucía”.

Según indicó Miguel Sebastián, las próximas instalaciones termosolares europeas también estarán en España. “Son empresas españolas las que están exportando la tecnología necesaria para generar esta energía en otros países, incluso a EEUU. Esto nos sitúa como país de referencia de una tecnología limpia y con un gran futuro por delante”, ha detallado el Ministro.

Miguel Sebastián y José María Barreda, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, han presidido hoy en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, al acto de colocación de la primera piedra de Manchasol-1, primera fase del que se convertirá en el tercer mayor complejo termosolar de Europa y el cuarto del mundo.

La central Manchasol-1 se levantará sobre un terreno de 200 hectáreas en el que se instalarán 624 colectores que ocuparán 510.120 m2. El proyecto MANCHASOL, constituido por las plantas Manchasol-1 y Manchasol-2, suministrará a la red electricidad para abastecer a 30.000 hogares y se prevé que evite la emisión de 149.000 toneladas de CO2 al año.

Según el Ministro, “el proyecto que hoy empieza su andadura es un ejemplo claro de la línea a seguir y un paso más en la definición de un entramado de infraestructuras que nos asegurará cubrir la demanda de energía en España en el futuro. Unas infraestructuras que pueden llegar a ser, no sólo una significativa aportación al mix energético, sino un vector de innovación y empleo en zonas rurales”.

Fomento del ahorro y la eficiencia energética

Miguel Sebastián ha enumerado en su intervención las distintas medidas que pondrá en marcha el Gobierno antes de finalizar el año para fomentar el ahorro y la eficiencia energética y para garantizar un suministro de calidad, suficiente y sostenible. En primer lugar, un plan nacional urgente de ahorro energético que explicará en próximas fechas en el Congreso de los Diputados.

En segundo lugar, el anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, que irá acompañada de la aprobación del nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020, según ha desatacado el Ministro. Finalmente, la Prospectiva Energética 2030, “nos permitirá analizar, a partir de la situación actual, cómo puede y cómo queremos que evolucione la política energética a largo plazo”, ha afirmado Miguel Sebastián.

Por último, el titular de industria quiso resaltar la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones “para hacer frente a estos desafíos que he mencionado y para asegurar el éxito de las medidas que se adopten. Es indispensable una buena colaboración del Gobierno español, Comunidades Autónomas y Municipios para garantizar el éxito de nuestra política energética”.

Fuente: MITyC


Por lo que parece, a Sebastián le gusta la solar termoeléctrica… No obstante:

1) La termoeléctrica no sustituye a la tecnología fotovoltaica. Diríamos más bien que la complementa.
2) Cuidadín con los comentarios provenientes del Ministerio de Los Mentirosos, véase, el de Industria. Dónde dije digo, digo Diego. Llevan ya unos añitos demostrándonos que no son dignos de nuestra confianza. Ya no nos creemos nada.

Miguel Sebastián es la tercera decepción con la que nos sorprende el PSOE dentro de este Ministerio tan importante y ninguneado por el Gobierno.


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Última Propuesta RD Fotovoltaica [18-07-2008]

Propuesta de RD de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología, presentado por el Ministerio de Industria a la CNE con fecha de 18 de Julio de 2008.

Descargar Propuesta de RD 18-07-2008

Pinta fatal. La falta de consenso del sector fotovoltaico está siendo nuestro talón de Aquiles y nuestra perdición. El Ministerio de Industria apuñala casi de muerte el sector.


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La patronal AEF dice que la propuesta fotovoltaica de Industria destruirá 40.000 empleos

La patronal de reciente creación Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) considera que la propuesta de Real Decreto sobre el sector formulada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio destruirá 40.000 empleos y reducirá en 16.000 millones la inversión prevista.


En un comunicado, AEF asegura que la nueva regulación conducirá al "cierre del sector", cuya aportación a las cuentas públicas ronda los 1.080 millones de euros y cuya aportación al ahorro energético del país hasta 2020 podría rondar los 6.300 millones.

El presidente de la patronal, Juan Laso, expresó su "indignación y sorpresa" con la nueva normativa. "No lo podemos entender", afirmó antes de indicar que un informe de Boston Consulting encargado por AEF cifra en 330 millones de euros la aportación de las empresas fotovoltaicas a las cuentas del Estado sólo en impuesto de sociedades.

Para Laso, la energía fotovoltaica es "imprescindible para alcanzar los objetivos de Kioto", de modo que debería contar con una "política estable y planificada a largo plazo". "Al ritmo actual de crecimiento internacional, la tecnología fotovoltaica está en condiciones de conseguir reducciones de coste de un siete por ciento anual", añadió.

Para AEF, Industria debería impulsar un "desarrollo natural del mercado, sin restricciones previas" y sólo "atemperado por el funcionamiento de una tarifa adecuada al ritmo de generación planificado".

La asociación empresarial está integrada por Bergé Generación, BP Solar, Fotowatio, Gamesa Solar, Gestamp Solar, Guascor Solar Corporation, Isofotón, Grupo Isolux Corsán, Grupo OPDE, Siliken, Solarpack, Solaria y T-Solar.

El informe de Boston Consulting elaborado para la AEF muestra que hasta mayo de este año la retribución a la fotovoltaica supuso el 5,8% del conjunto de las renovables y que a finales de año el país habrá 1.500 megavatios (MW) instalados.

Fuente: Europa Press


Es conocida y valorada por todos la gestión de la actual directiva de ASIF. No obstante, creo que la reacción de este nuevo grupo de presión (denominado AEF) ha sido igualmente desacertada.

Tienen mucha fuerza dentro del sector, y habría sido más lógico cargarse a todo el Comité de Dirección de ASIF que provocar una escisión y empezar una guerra de guerrillas en la que cada uno va a su lado. Eso sin contar las peticiones de este grupo, que están tan alejadísimas de las pretensiones de Industria que han obligado al Secretario General de Energía a levantarse de la mesa de negociación.

Un dicho conocidísimo por todos dice “divide y vencerás”. Pues D. Pedro Luis Marín Uribe, Secretario General de Energía, nos tiene exactamente dónde quería, divididos y desorganizados. Industria está ganando su guerra particular contra la fotovoltaica.


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Trece empresas abandonan la patronal fotovoltaica

Trece grandes grupos de energía solar fotovoltaica se ha separado de la patronal ASIF para solicitar al Gobierno un 'marco legal estable'. Defienden que no se establezcan cupos de potencia ni límites a las grandes plantas.


Defender sus intereses en primera persona'. Ese ha sido el motivo que ha llevado a trece empresas fotovoltaicas a abandonar la existente patronal de la industria, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y crear su propia organización, bajo el nombre de Asociación Empresarial Fotovoltaica. Quieren promover un 'marco legal estable a cuatro años'.

Las impulsoras no son cualquier empresa. En la nueva estructura, se agrupan Solaria, Isofotón, OPDE, Gamesa Solar, Siliken, BP Solar, T Solar, Bergé Generación, Guascor, Fotowatio, Isolux Corsán, Gestamp Solar y Solar Pack. Sólo juntando trece de entre todo el sector ya suman 'el 70% de representación de la inversión en el sector'. Son empresas con 'inversiones acumuladas de unos 800 millones de euros, una capacidad de producción de más de 800 MW al final de 2008, y casi 5.000 puestos de trabajo directos', afirmaron ayer sus responsables.

El presidente de la asociación y consejero delegado de T Solar, Juan Laso, remarcó ayer, en la presentación, que su organización 'no nace de ningún conflicto', en relación a su separación de ASIF.

Laso aseguró representar a 'la inversión a largo plazo y a los puestos de trabajo estables', al 'compromiso con la energía fotovoltaica'. El propósito de la constitución de la asociación es 'separar el grano de la paja', en palabras de Laso, en un sector que ha crecido mucho.

Su perfil y sus intereses también difieren mucho de lo que hasta ahora se ha conocido de las intenciones de Industria para la nueva regulación que sustituya a partir de septiembre al Real Decreto 661/2007.

Si la primera propuesta de Industria, que adelantó CincoDías, viera la luz tal y como está, el máximo de potencia que se permitiría por instalación sería de dos MW. ASIF también era favorable a la limitación del tamaño de las plantas por debajo de 10 MW. Sin embargo, tal y como explicó Javier Gorbeña, vicepresidente de la asociación y consejero delegado de Bergé Generación, ellos sí apoyan las plantas solares grandes. Señaló que estas instalaciones 'son más eficientes en la búsqueda de reducción de costes'. La Asociación expresó, como uno de sus objetivos, maximizar la eficiencia en costes de esta energía para alcanzar la paridad con los combustibles fósiles a medio plazo.

Además, la nueva asociación tampoco quiere que se impongan cupos a la instalación de potencia fotovoltaica. Según la propuesta de Industria, el máximo permitido para instalar en 2009 serían 300 MW. La Asociación afirmó que el sector tiene capacidad para tener instalados 10.000 MW en 2016. La organización espera 'hablar en pocos días' con Industria acerca de la regulación. Están de acuerdo en la necesidad de reducir las primas para lograr una 'rentabilidad sana y no especulativa' que garantice unas tasas de retorno del 8%, señaló Laso.

Abogan por marcar una normativa de calidad

Además de la búsqueda de la eficiencia en costes para alcanzar la paridad con los combustibles fósiles, la nueva asociación se ha planteado también, entre sus objetivos, 'impulsar la calidad y la tecnología en el sector'.

De hecho, Juan Laso remarcó que abogan por 'una normativa de calidad exigente, unos estándares y un control de su cumplimiento'. Gorbeña, en concreto, señaló que 'el crecimiento exponencial de la industria fotovoltaica ha permitido la proliferación de instalaciones que no cumplen los mínimos de durabilidad ni tienen capacidad para generar la energía que se espera de ellas'.

Gorbeña señaló los riesgos que esta situación introduce en el trabajo y en las inversiones y apoyó que las obligaciones de calidad se incluyan en la nueva ley.

Fuente: Cinco Días


Cada uno hace la guerra por su lado. Eso no es nada bueno…


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Solarweb.net recibe el premio Sol y Paz 2008

El galardón premia la labor divulgativa de Solarweb en el marco de la energía solar en España.


La página web Solarweb.net ha recibido el premio Sol y Paz 2008 a la labor divulgativa. Estos premios han cumplido su 8º edición reconociendo así a organizaciones, empresas e iniciativas particulares por su compromiso en la promoción de la energía solar.

La entrega de los Premios Sol y Paz tuvo lugar en Granada la tarde del 28 de junio en el marco del Encuentro Solar 2008, organizado por la Fundación Terra y el Parque de las Ciencias de Granada. Los diferentes premiados y categorías fueron: La Asociación de Productores Fotovoltaicos de la Fanega Solar Ochánduri a la labor solidaria; Emilio Cruz a la buena práctica solar; José Ángel Garrido a la labor de fomento de la cocción solar; Abengoa Solar a la labor empresarial; Escuela Agraria de Manresa a la labor educativa; Centro Nacional de Energías Renovables CENER a la labor colectiva y Solarweb.net a la labor divulgativa.

Con este galardón se reconoce el entusiasmo por sacar adelante un portal web dedicado exclusivamente a la energía solar y que, año tras año, ha demostrado con sus visitas y sus colaboradores que el Sol tiene más seguidores que nunca.

Solarweb nace con la idea de promover la energía solar de una forma altruista y lúdica pero, con el tiempo, se ha convertido en un punto de referencia de las energías renovables. Sus foros son un lugar de encuentro para el aprendizaje, el debate y la reflexión sobre la actualidad y el futuro del sector.

Este proyecto sigue creciendo y actualmente da cabida a noticias de actualidad, foros, directorio de empresas, eventos, ofertas de empleo, cursos, y consejos prácticos para el ahorro de energía, lo que lo convierte en uno de los portales más visitados sobre energía solar.

Fuente: Nota de prensa de Solarweb


¡¡Enhorabuena compañeros!!


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Reunión con el Secretario General de Energía [26-VI-08]

Creo que ya es conocida. Puesto que no lo he publicado todavía, detallo la Propuesta de RD de Fotovoltaica que hizo el Secretario General de Energía el pasado día 26 a APPA y ASIF.

A grandes rasgos:

- Dos segmentos: techos y suelo.
- Potencia máxima por Instalación o Parque: 2 MW.
- Límite anual de potencia: 300 MW, de los cuales 100 MW corresponderían a suelo y 200 MW a cubiertas (se pretende frenar las instalaciones sobre suelo).
- No habrá moratoria ni prórroga para no hipotecar el futuro de la fotovoltaica.
- Se seguirá a rajatabla el cumplimiento de la fecha límite del 29 de Septiembre en todas las comunidades (incluida la Valenciana).
- Tarifa NO escalonada. Tejados: 0,33 €/kWh y Suelo: 0,29 €/kWh.

Pocos comentarios cabe hacer sobre las “promesas renovables” de Zapatero y sobre la línea del nuevo Ministerio de Industria y de su Secretario General de Energía…

Nos queda todavía una pequeña esperanza: es un proceso de negociación, y la experiencia nos dice que mientras no haya nada publicado…

Nos las veíamos muy felices, pero este Ministerio de Industria sigue siendo una fétida basura de es estercolero.

Que la fuerza nos acompañe.


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